Qué es

La Administración Electrónica es el conjunto de soluciones que permite a los ciudadanos poder relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos.

ENAIRE, como Entidad Pública Empresarial, es un Organismo Público dependiente de la Administración General del Estado, concretamente del Ministerio de Fomento. Por esta razón se encuentra dentro del alcance de las nuevas Leyes 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público , que configuran un nuevo escenario en el que la tramitación electrónica debe constituir la actuación habitual de las Administraciones en sus distintos supuestos de gestión interna.

La Ley 39/2015 configura las relaciones electrónicas entre la Administración y el ciudadano, como un derecho y en algunos casos, como una obligación y, de otra parte, regula la tramitación interna del procedimiento administrativo introduciendo novedades, siendo por lo tanto necesario plantear un nuevo modelo de relación entre los ciudadanos y las Administraciones Públicas. Desde el punto de vista de las Administraciones, este nuevo modelo implica que el ciudadano se convierta en el eje central de su estrategia de prestación de servicios, facilitando su acceso a todos los trámites mediante un procedimiento exclusivamente electrónico, que pretende ser más ágil, transparente y con menor carga burocrática. Desde el punto de vista del ciudadano, permite ver a las Administraciones como organismos más uniformes, accesibles y orientados a responder a sus necesidades y a garantizar sus derechos a comunicarse con las mismas principalmente por medios electrónicos.

Mediante la Administración Electrónica, ENAIRE pone a disposición del ciudadano los servicios electrónicos necesarios para la tramitación de los procedimientos administrativos de derecho público que deben prestarse según los criterios de las citadas Leyes 39/2015 y 40/2015. Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción por medios electrónicos de los procedimientos garantizan la tramitación ordenada de los expedientes y facilitan la simplificación y la publicidad de los procedimientos, de tal modo que permite al ciudadano, de forma sencilla, acceder a la información y servicios de su competencia, presentar solicitudes y recursos, realizar el trámite de audiencia cuando proceda o acceder a las notificaciones y comunicaciones que les remita ENAIRE.

Las nuevas Leyes establecen que:

  • La gestión de los procedimientos pasa a ser íntegramente electrónica y se desdoblan dos listas de derechos: de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, en el art. 13 de la Ley 39/2015, y de los interesados en el procedimiento administrativo, en el art. 53 de la misma norma. Si bien, en los supuestos del artículo 14.2 de la citada Ley, el derecho a relacionarse electrónicamente con la Administración se transforma en obligación.

 

  • Se profundiza en la agilización de los procedimientos con un pleno funcionamiento electrónico, regulándose entre otros aspectos, ciertas novedades que se incluyen a lo largo del articulado de la Ley 39/2015,  respecto de la representación y los registros electrónicos de apoderamientos ( art. 6.1 y 6.2  ) , los registros (art. 31.1 y 31.2 así como 12.3 y 27.1), los sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento (art. 9.1 y 9.2), los mecanismos de firma electrónica (10.4, 11.1 y 11.2) y los archivos electrónicos ( art. 17.1), entre otros.

 

  • La iniciación de un procedimiento administrativo a solicitud del interesado por medios electrónicos requerirá la puesta a disposición de los interesados de los correspondientes modelos o sistemas electrónicos de solicitud en la sede electrónica, en cumplimiento del art. 12.1 de la Ley 39/2015 que establece que las Administraciones públicas deberán garantizar que los interesados pueden relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios, así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen.

     

  • Los expedientes tendrán formato electrónico según el art. 70 de la Ley 39/2015 y se compondrán de acuerdo al Esquema Nacional de Interoperabilidad y sus Normas Técnicas, cuya base jurídica se encuentra en el art. 156 de la Ley 40/2015.

     

  • La práctica de la notificación se regula en el art. 41 de la Ley 39/2015, que prevé que las notificaciones se practicarán “preferentemente por medios electrónicos” y en todo caso, será obligatoria por este medio respecto de los interesados que hayan de recibirla por esta vía, que son los previstos en el art. 14.2 de la misma Ley.

     

  • Por otra parte, el art.16.8 incorpora una regla que impone la obligación de relacionarse por medios electrónicos pues dispone que “no se tendrán por presentados en el registro aquellos documentos e información cuyo régimen especial establezca otra forma de presentación”. Se admite un supuesto específico de subsanación en el art. 68.4 al disponer que si alguno de los sujetos a los que hace referencia el art.14.2 y 14.3 presenta su solicitud presencialmente, las Administraciones Públicas requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica.

 

  • La Ley 40/2015 establece que las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos a través de medios electrónicos.

(1) La ley 39 y 40 de 1 de octubre de 2015, de Procedimiento Administrativo Común y de Régimen Jurídico del Sector Público, entraron en vigor al año de su publicación en el BOE, el 2 de octubre de 2016. (Disposición Final Séptima de la Ley 39/2015) BOE núm. 236.

La gestión electrónica de los procedimientos está contemplada en las disposiciones previstas sobre el procedimiento administrativo común en el Título IV de la Ley 39/2015, artículo 53 y ss.

Qué es la Sede Electrónica

La sede electrónica es un espacio de relación con el ciudadano.

La Ley 39/2015 reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las administraciones públicas por medios electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos en el artículo 13 de la misma ley.

La Ley 40/2015 establece en el artículo 38 que la sede electrónica es aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias (en este caso, ENAIRE). Las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias.

El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma.

Cada Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas, con sujeción a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. En todo caso deberá garantizarse la identificación del órgano titular de la sede, así como los medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.

La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y transacciones respetará los principios de accesibilidad y uso de acuerdo con las normas establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos. 

Las sedes electrónicas utilizaran, para identificarse y garantizar una comunicación segura con las mismas, certificados reconocidos o cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente.

El establecimiento de las sedes electrónicas está contemplado en el artículo 38 de la Ley 40/2015.