Qué es

La Administración Electrónica es el conjunto de soluciones que permite a los ciudadanos poder relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos.

ENAIRE, como Entidad Pública Empresarial, es un Organismo Público dependiente de la Administración General del Estado, concretamente del Ministerio de Fomento. Por esta razón se encuentra dentro del alcance de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (1), que garantiza el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos y hace necesario plantear un nuevo modelo de relación entre los ciudadanos y las Administraciones. Desde el punto de vista de las Administraciones, este nuevo modelo implica que el ciudadano se convierta en el eje central de su estrategia de prestación de servicios. Desde el punto de vista del ciudadano, permite ver a las Administraciones como organismos más uniformes, accesibles y orientados a responder a sus necesidades.

Mediante la Administración Electrónica, ENAIRE pone a disposición del ciudadano los servicios electrónicos necesarios para la tramitación de los procedimientos administrativos de derecho público que deben prestarse según los criterios de dicha Ley 11/2007. Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción por medios electrónicos de los procedimientos garantizan la tramitación ordenada de los expedientes y facilitar la simplificación y la publicidad de los procedimientos, de tal modo que permite al ciudadano, de forma sencilla, acceder a la información y servicios de su competencia, presentar solicitudes y recursos, realizar el trámite de audiencia cuando proceda o acceder a las notificaciones y comunicaciones que les remita ENAIRE.

Dicha Ley establece que:

  • La gestión electrónica de la actividad administrativa respetará la titularidad y el ejercicio de la competencia por la Administración Pública, órgano o entidad que la tenga atribuida y el cumplimiento de los requisitos formales y materiales establecidos en las normas que regulen la correspondiente actividad. A estos efectos, y en todo caso bajo criterios de simplificación administrativa, se impulsará la aplicación de medios electrónicos a los procesos de trabajo y la gestión de los procedimientos y de la actuación administrativa.
  • La iniciación de un procedimiento administrativo a solicitud del interesado por medios electrónicos requerirá la puesta a disposición de los interesados de los correspondientes modelos o sistemas electrónicos de solicitud en la sede electrónica que deberán ser accesibles sin otras restricciones tecnológicas que las estrictamente derivadas de la utilización de estándares en los términos establecidos en el apartado i) del artículo 4 y criterios de comunicación y seguridad aplicables de acuerdo con las normas y protocolos nacionales e internacionales.

(1) La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, fue aprobada por el Congreso de los Diputados el 22 de junio 2007 y publicada en el Boletín Oficial del Estado el día 23 de junio de 2007, entrando en vigor el día 24 de junio de 2007.

La gestión electrónica de los procedimientos está contemplada en los artículos 33 a 39 de la Ley 11/2007.

Qué es la Sede Electrónica

La sede electrónica es un espacio de relación con el ciudadano.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las administraciones públicas por medios electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos en el artículo 35 de la Ley 30/1992.

La Ley 11/2007 establece que la sede electrónica es aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias (en este caso, ENAIRE). Las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias.

El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma. Deberá garantizar la identificación de los medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.

Cada Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas, con sujeción a los principios de publicidad oficial, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad.

La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y transacciones respetará los principios de accesibilidad y usabilidad de acuerdo con las normas establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.

El establecimiento de las sedes electrónicas está contemplado en el artículo 10 de la Ley 11/2007.